Por Abelardo F. Laría - Especial para Los Andes
La destitución del presidente Fernando Lugo por el
Senado paraguayo, como consecuencia de un juicio político que se ha acomodado a
lo dispuesto en el artículo 225 de la Constitución de Paraguay, ha dado lugar a
un curioso rosario de caracterizaciones.
Para la presidenta argentina Cristina Fernández,
se ha tratado de un “golpe suave”, para el canciller de un “golpe
institucional”, para el ex presidente Lugo de “golpe parlamentario” y para el
profesor Tokatlián de un “neo-golpe”.
En todas estas versiones, el objetivo subliminal
es que los lectores asocien lo sucedido en Paraguay con la palabra “golpe”, es
decir con los golpes militares de antaño. Un modo nada inocente de engañar y
dejarse engañar por el estiramiento conceptual de las palabras.
A modo de irónica respuesta, algunos analistas han
calificado de “golpe al derecho internacional” la reciente resolución adoptada
en la XLIII Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Mendoza, que dispuso
despojar temporalmente a Paraguay del derecho a voto y a veto en el Mercosur.
Toda la artillería argumental, dirigida a
homologar el juicio político de Paraguay con la “ruptura del orden
institucional” a que se refiere el Protocolo de Ushuaia I, descansa en la brevedad
del proceso, que no habría dado lugar a la defensa del ex presidente Lugo. De
este modo, un elemento tan subjetivo como “el tiempo necesario para la
defensa”, que no está incorporado a ninguna norma legal, obtiene más peso que
la contundente mayoría alcanzada, dado que el 95% de los diputados y el 87% de
los senadores apoyaron el procedimiento de destitución.
La anécdota más curiosa es que ahora, los
integrantes del Mercosur, que tan escrupulosos con los procedimientos
institucionales en Paraguay se han mostrado, han dispuesto la separación de
Paraguay vulnerando el artículo 4 del Protocolo de Ushuaia I que regula el
Compromiso Democrático en el bloque.
Lo acaba de confirmar el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Paraguay, al señalar que si bien el artículo 4 del Protocolo
exige la realización de consultas pertinentes con el Estado afectado, en este
caso no se han realizado, “por lo que la decisión no solo es ilegal sino
también ilegítima y violatoria del debido proceso”.
Ahora bien, yendo al fondo de la cuestión, es
evidente que en Paraguay no se ha producido ninguna “ruptura del orden
democrático”.
Las instituciones democráticas se encuentran en
plena vigencia y funcionando adecuadamente. El juicio político se ha ajustado
al trámite constitucional y la Corte Suprema de Justicia ha tenido ocasión de
expedirse sobre la cuestión.
Justamente, en relación con la impugnación por la
exigüidad del tiempo asignado a la defensa de Lugo, la sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia de Paraguay ha declarado que el juicio político no
es un juicio ordinario como el que se realiza en el ámbito judicial.
“Es un procedimiento en el que se juzgan conductas
políticas. Lo que el Senado toma en consideración es el mal desempeño en el
cargo, pero no juzga en sentido estricto sino lo que realiza es un juicio de
responsabilidad como funcionario público”. La ilegítima suspensión de Paraguay,
se une al anuncio de que en la próxima reunión de Mercosur, a celebrarse el 31
de julio en Río de Janeiro, se dispondrá el ingreso definitivo de Venezuela
como miembro pleno del bloque. Este ingreso estaba bloqueado por la firme negativa
del Congreso paraguayo.
De este modo no solo se suspende ilegalmente a
Paraguay, sino que aprovechando su “suspensión temporal”, se dispone el ingreso
de un nuevo miembro sin que hubiese sorteado la oposición del parlamento
paraguayo, es decir sin que hubiera culminado el trámite legislativo necesario
para legitimar ese ingreso.
La suspensión de Paraguay para dar entrada
irregular a Venezuela, es una maniobra que puede provocar la alegría de todos
los simpatizantes del movimiento bolivariano en el continente, pero que puede
deparar una herida mortal al proceso de integración del Mercosur en el largo
plazo.
El proceso de integración regional venía aquejado
de graves inconsistencias que han dado lugar a la renuncia reciente del alto
representante del Mercosur, el brasileño Samuel Pinheiro Guimaraes, que
renunció a su cargo por motivos “políticos” tras presentar un informe en el que
advierte el incierto futuro del bloque.
La incorporación de Venezuela, sorteando la
voluntad del Congreso paraguayo, supone una humillación para Paraguay, que
difícilmente se reintegrará al término de su suspensión temporal.
La presidenta Cristina Fernández, que hace poco
tiempo calificaba a la Guerra de Paraguay contra la Triple Alianza, como
“triple traición a los intereses de Latinoamérica”, reedita en cierto modo esa
alianza al unirse a Brasil y Uruguay en una cruzada ilegal contra el pueblo
paraguayo.
Nuevamente el árbol de la ideología no permite ver
el bosque de los intereses permanentes de los pueblos latinoamericanos.
